Creación y Objetivos

La “Caja Forense de la Provincia de Río Negro” (CF), fue creada en el año l.973 por Ley Provincial N °869, con el propósito de establecer y extender a los abogados y procuradores de esta provincia los beneficios de la seguridad social y cooperación mutua en función de auxiliares de la justicia, como también asegurarles una retribución digna y su regular percepción, bajo las condiciones y requisitos establecidos por la normativa que los reglamenta.

La “CF” es una persona jurídica publica no estatal, integra el derecho público provincial, es autoridad de aplicación de la Ley n°869, goza de total autonomía funcional, administrativa, económica y financiera para la consecución de los siguientes fines y prestaciones relacionados con la previsión y seguridad social, la protección de la salud y la ayuda mutua de sus afiliados, en las condiciones que establezca la reglamentación:

  1. Organizar un sistema previsional, de jubilaciones y retiros.
  2. Subsidios por fallecimiento, enfermedad, incapacidad o accidente comprendiendo los gastos por asistencia médica integral, internación y medicamentos.
  3. Acordar una prestación de dinero efectivo a los derechohabientes del beneficiario, en caso de su fallecimiento.
  4. Subsidios por matrimonio, natalidad, adopción, fallecimiento, vacaciones y cursos de capacitación profesional.
  5. Otorgamiento de préstamos a sus afiliados para adquisición de instrumentos de trabajo y/o facilitar el desarrollo de la actividad profesional.
  6. Instituir y reglamentar seguros con la contribución facultativa de sus afiliados, pudiendo hacerlos extensivo a los familiares a su cargo, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Beneficiarios

Podrán gozar de los beneficios establecidos los abogados y procuradores, siempre y cuando hayan satisfecho los requisitos siguientes:

  1. Tener dentro de la Provincia su domicilio real con una antigüedad inmediata no inferior a un año.
  2. Estar afiliado a la Caja Forense.
  3. Estar inscripto en la matrícula de profesionales de conformidad con las disposiciones vigentes.
  4. Ejercer la profesión en la Provincia en forma habitual y permanente, dicho ejercicio será acreditado en la forma siguiente:
    • Exhibición de los expedientes o certificados en que conste la actuación profesional del abogado o procurador.
    • Constancia de los libros de asistencia que llevan las secretarías de juzgados, de acuerdo con el Código de Procedimiento y/o los demás medios de prueba que determine la reglamentación.
    • Haber intervenido como patrocinante o apoderado en por lo menos tres trámites judiciales por semestre, salvo imposibilidad justificada ante la Caja Forense.

Los abogados y procuradores que siendo beneficiarios de esta Ley se acojan o se hallan acogido a los beneficios de la jubilación, únicamente podrán gozar de los beneficios de tipo asistenciales o previsional que la Caja otorgue. Estos beneficios podrán extenderse también a los familiares.

Son derechos de los afiliados:

  1. Percibir la parte proporcional del fondo común que se distribuya en cada ejercicio.
  2. Gozar de los beneficios sociales establecidos en la presente Ley.
  3. Asistir a las reuniones del Directorio que no tengan carácter reservado.
  4. Presentar iniciativas tendientes al logro de los fines de la Institución.

Son obligaciones de los afiliados y beneficiarios:

  1. Presentar la documentación que se exija por la presente Ley, dadas por las reglamentaciones correspondientes.
  2. Acatar las resoluciones del Directorio, pudiendo recurrir de las mismas en la forma que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.
  3. Evitar incurrir en actitudes que puedan dar origen, o que comporten desprestigio para la entidad o sus autoridades, funcionarios y empleados, o que de alguna manera se opongan o contraríen la institución o que persigan la obtención ilegítima de algunos de los beneficios establecidos.
  4. Comunicar al Directorio el cambio de domicilio real, cuando lo trasladare fuera de la circunscripción, el cese de su actividad profesional, las altas que se produjeren entre los familiares, que a los fines asistenciales haya denunciado que tiene a su cargo, e igualmente toda otra circunstancia susceptible de modificar su relación con la entidad.
  5. Depositar a favor de la Caja los aportes que ordena la presente Ley, en los plazos y formas establecidas en ella o en la reglamentación.

La inobservancia de cualquiera de las obligaciones establecidas precedentemente, podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones siguientes:

  1. Llamado de atención.
  2. Suspensión por seis meses a un año en el goce de los beneficios sociales establecidos en la presente Ley.
  3. Retención con compensación de los fondos que le correspondan, con las sumas que adeudare a la Caja.
  4. En caso de extrema gravedad, podrá el Directorio solicitar al respectivo Colegio Profesional, como sanción accesoria de la anterior, la suspensión de la matrícula “ad-referéndum” del Superior Tribunal de Justicia.
  5. Multa de hasta tres veces el importe no ingresado o del perjuicio económico sufrido por la Caja.

Todas las faltas, infracciones o contravenciones a la presente Ley en que incurran los afiliados y beneficiarios serán sustanciadas por el Directorio en forma sumaria y oído el imputado y dada la oportunidad para defenderse y producir prueba de descargo, dictará la resolución que corresponda quedando expedita la vía judicial por el término de 5 días hábiles perentorios.